Privatizaciones bajo sospecha: el mecanismo de valuación de activos estatales en el ojo de la tormenta

El gobierno de turno, que se propuso como bandera una profunda reforma del Estado y una drástica reducción de su participación en la economía, enfrenta hoy una de sus pruebas de fuego más sensibles: la transparencia en el proceso de privatización de empresas y activos estatales. Mientras la agenda política se consume con los recambios en la Jefatura de Gabinete y las repercusiones judiciales de ex funcionarios, una sombra mucho más densa se cierne sobre el futuro patrimonial del país: la sospecha de un mecanismo sistemático para subvaluar activos estratégicos del Estado que están en vías de ser vendidos.

Un plan ambicioso bajo un manto de dudas

Desde el inicio de su gestión, el oficialismo ha dejado en claro su intención de desprenderse de un importante número de empresas públicas, argumentando ineficiencia y necesidad de reducir el déficit. Sin embargo, la ejecución de este plan, que involucra a verdaderas joyas de la corona como Nucleoeléctrica Argentina, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y varias centrales hidroeléctricas, está siendo objeto de serios cuestionamientos. No se trata solo de la conveniencia ideológica o económica de privatizar, sino de cómo se está haciendo, o más precisamente, de cómo se están tasando estos bienes que pertenecen a todos los argentinos.

Las denuncias que emergen de diversos sectores apuntan a una maniobra que, de confirmarse, sería de una gravedad institucional y económica inusitada. Se habla de que el tradicional y supuestamente independiente Tribunal de Tasaciones de la Nación habría sido apartado de su función primordial en este proceso. En su lugar, se habría creado —y esto es lo que enciende las alarmas— una unidad de valuación ad hoc en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que, llamativamente, depende directamente del Ministerio de Economía.

El rol del BICE y la opacidad en las tasaciones

Este cambio en el proceso de valuación no es menor. El Tribunal de Tasaciones, con todas sus virtudes y defectos históricos, es un organismo técnico que busca garantizar la objetividad en la determinación del valor de los bienes del Estado. Al desplazarlo y centralizar la tasación en una unidad dependiente del poder ejecutivo, se genera una obvia vulnerabilidad a presiones políticas o intereses particulares.

Lo que agrava aún más la situación es la información que indica que esta nueva unidad del BICE habría sufrido un “descabezamiento” de su cúpula, y los nuevos funcionarios puestos a cargo habrían accedido a realizar tasaciones de forma “secreta”. La confidencialidad extrema en este tipo de operaciones es, en sí misma, un factor de riesgo. Cuando el patrimonio nacional está en juego, la transparencia debería ser la regla inquebrantable, no la excepción.

Impacto económico y patrimonial: ¿quién paga la cuenta?

La principal consecuencia de una eventual subvaluación de estos activos es un daño irreparable para el erario público. Si las empresas o las plantas se venden por debajo de su valor real de mercado, el Estado argentino estaría cediendo patrimonio a precios de remate. Esto no solo significaría una pérdida financiera directa, sino que comprometería la capacidad futura del país para generar recursos o influir en sectores estratégicos.

En un contexto donde la recaudación es vital y la confianza de los inversores –y, más importante aún, de la ciudadanía– es un bien escaso, cualquier indicio de opacidad o manejo discrecional en la venta de activos públicos es un golpe directo a la credibilidad del gobierno y a la legitimidad de sus políticas económicas. Los argumentos de que la privatización traerá eficiencia y dinamismo pierden fuerza si el proceso mismo está viciado de origen por la falta de transparencia en la valuación.

La transparencia como pilar de la confianza

Un gobierno que se jacta de querer sanear las cuentas públicas y modernizar el Estado tiene la obligación ineludible de demostrar una probidad intachable en cada una de sus acciones. La venta de activos estatales no es una transacción comercial más; es una decisión que impacta a generaciones y que debe realizarse con la mayor luz posible.

Las sospechas sobre la subvaluación no solo alimentan el debate sobre la idoneidad de la gestión, sino que también pueden abrir las puertas a futuras demandas judiciales y, lo que es peor, a la percepción de que el país se ha vuelto un lugar donde los negocios opacos son la norma. Es fundamental que el gobierno brinde explicaciones claras y contundentes, y que demuestre con hechos que estos procesos se realizan bajo los más estrictos estándares de transparencia y objetividad.

Mirando hacia adelante: la necesidad de respuestas

La sociedad argentina tiene derecho a saber cómo se valora y se vende lo que es de todos. En un clima político ya enrarecido por otras controversias, desde la Jefatura de Gabinete hasta investigaciones judiciales a figuras públicas, estas denuncias sobre las privatizaciones añaden una capa de incertidumbre que el país no puede permitirse. La verdadera reforma del Estado no pasa solo por achicar su tamaño, sino por sanear sus prácticas y garantizar que el interés público prime por sobre cualquier otro. Es hora de que las autoridades brinden las garantías y la información necesaria para disipar estas graves dudas y asegurar que el patrimonio nacional no se dilapide bajo el manto de la opacidad.