La encrucijada económica del Gobierno: entre la morosidad creciente y el empleo en declive
La economía argentina se encuentra en un punto crítico, marcada por una morosidad en niveles récord y un mercado laboral que no logra recuperarse. Las políticas del Gobierno, como el RIGI, son puestas bajo la lupa por su impacto real en la sociedad y el mercado.
Hoy, 29 de agosto de 2026, la economía argentina presenta un panorama complejo, donde las cifras macroeconómicas celebradas por el oficialismo parecen chocar de frente con una realidad social cada vez más ajustada. Mientras el mercado financiero evalúa la sostenibilidad del modelo y la imagen presidencial de cara a 2027, dos indicadores emergen con particular fuerza, encendiendo alarmas sobre el costo humano de las reformas en curso: la morosidad récord en los hogares y la persistente destrucción de empleo, que ni las apuestas más optimistas del gobierno logran revertir.
La soga al cuello: una Argentina endeudada
El escenario de la morosidad no es una novedad, pero su escala actual adquiere tintes preocupantes. Los atrasos en los pagos de créditos y servicios se han disparado a niveles históricos, reflejando una asfixia financiera para millones de familias argentinas. Este fenómeno, lejos de ser un mero dato estadístico, es el síntoma más visible de la estrechez de los bolsillos, la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad para cubrir las necesidades básicas. La situación ha escalado hasta el punto de generar un intenso debate en el Congreso, con bloques opositores presionando por una respuesta urgente para aliviar la carga de los hogares, mientras el oficialismo parece optar por una estrategia de no intervención directa, priorizando la consolidación fiscal por encima del auxilio inmediato.
Esta postura gubernamental, que interpreta la morosidad como un efecto colateral necesario del saneamiento económico o incluso como una responsabilidad individual, contrasta fuertemente con la alarma que resuena en el ámbito internacional. Recientemente, publicaciones económicas de peso mundial han puesto el foco en la Argentina, describiendo las reformas en curso como “dolorosas” y advirtiendo sobre el impacto social de la falta de una red de contención. La decisión de la Casa Rosada de no intervenir en este frente, a pesar de la magnitud del problema, revela una convicción profunda en su plan de ajuste, aun a riesgo de generar una grieta social cada vez más profunda.
El RIGI: ¿ilusión o solución al problema del empleo?
Si la morosidad es la contracara del consumo y el bienestar, el empleo es la columna vertebral de cualquier economía. Y en este aspecto, las noticias no son alentadoras. La promesa de reactivación económica, impulsada en parte por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se enfrenta a una realidad obstinada: la destrucción de puestos de trabajo. Las proyecciones más optimistas sobre el RIGI, que auguran la creación de decenas de miles de empleos directos e indirectos, son vistas con creciente escepticismo.
Según análisis independientes, los 95.158 puestos que el RIGI podría generar en un escenario ideal apenas alcanzarían para reponer una fracción de los empleos perdidos en los últimos años. De hecho, si se considera solo el empleo directo y permanente, la cifra es aún más desoladora: se compensaría un mínimo porcentaje de lo que se ha evaporado del mercado laboral. Este desfasaje entre las expectativas y la realidad pone en cuestión la capacidad del modelo económico actual para generar una salida sostenible a la crisis del empleo. La apuesta a que la inversión extranjera a gran escala resolverá por sí sola el problema del trabajo se topa con la inercia de una economía que destruye más de lo que crea, al menos en el corto y mediano plazo.
Causas y consecuencias: ¿un modelo a prueba de balas?
Ambos fenómenos –la morosidad y la crisis del empleo– no son hechos aislados, sino manifestaciones directas de un modelo económico que prioriza la contracción del gasto público y la desregulación, con la esperanza de sentar las bases para un crecimiento futuro. Sin embargo, la velocidad y la profundidad de estas reformas están dejando cicatrices palpables en el tejido social. La inflación, aunque desacelerando, sigue carcomiendo el poder adquisitivo, y la falta de ingresos genuinos empuja a más familias a la informalidad o a la exclusión.
La economía real, aquella que sienten los ciudadanos en el día a día, parece mostrar "luces amarillas" que el mercado financiero, por su parte, observa con atención. La sostenibilidad política de un programa económico que genera tanto dolor social es una incógnita. El antecedente de otros gobiernos que buscaron la reelección con un electorado golpeado por la economía es una advertencia que ningún analista puede ignorar. La pregunta es si el gobierno actual, que llegó mejor parado a este punto de su gestión que algunos de sus antecesores, podrá mantener el rumbo sin ceder a las presiones sociales y políticas que se acumulan.
El desafío de la gobernabilidad y el presupuesto
La situación se complejiza con otros frentes de batalla. La decisión de la agroindustria de presionar por acuerdos comerciales más amplios, la aprobación de un presupuesto abultado para el Consejo de la Magistratura donde casi la totalidad se destina a salarios, o el persistente debate sobre la competitividad del dólar, son piezas de un rompecabezas que el gobierno debe armar. Cada una de estas decisiones y debates impacta en la percepción de gestión y en la confianza, tanto de los ciudadanos como de los inversores.
La consolidación fiscal es un objetivo loable, pero no puede ser el único. La gobernabilidad a largo plazo requiere de un pacto social que el modelo actual parece postergar. Si la morosidad sigue en aumento y el empleo formal continúa siendo una quimera, la "libertad" económica podría terminar siendo una carga pesada para la mayoría. El desafío no es solo estabilizar la economía, sino también mitigar el sufrimiento y generar oportunidades reales para que la Argentina pueda, finalmente, ver la luz al final del túnel.