El 'borrón y cuenta nueva' de Edenor y Edesur: ¿Un costo que paga la ciudadanía?
El Gobierno oficializó hoy una medida que permite a las distribuidoras de energía compensar deudas millonarias con el Estado, en un contexto de restricción de subsidios al gas. La decisión, presentada como una solución a desequilibrios históricos, reabre el debate sobre la gestión de servicios públicos y la transparencia en las relaciones con empresas privadas, generando interrogantes sobre quién asume el verdadero costo.
El Boletín Oficial ha puesto en blanco y negro una de las decisiones más resonantes de la gestión actual en materia de política energética: un “borrón y cuenta nueva” para las deudas millonarias que Edenor y Edesur mantenían con el Estado. Lejos de ser un mero trámite administrativo, esta medida representa un hito que, si bien busca resolver un problema crónico del sector, plantea serios interrogantes sobre la transparencia, la equidad y el futuro del bolsillo de la ciudadanía.
Un problema con historia: El congelamiento de tarifas y sus consecuencias
Para entender la magnitud de esta decisión, es fundamental contextualizar. Durante años, la política de congelamiento o subas controladas de tarifas de servicios públicos, particularmente la electricidad, generó un desfasaje estructural en las finanzas de las distribuidoras como Edenor y Edesur. Si bien estas empresas operan bajo concesión privada, sus ingresos dependen directamente de tarifas reguladas por el Estado. Cuando los costos de generación y distribución aumentaban (por inflación, devaluación, inversiones necesarias) y las tarifas permanecían estancadas, la diferencia era cubierta, en parte, por el Estado a través de subsidios o, más directamente, mediante la acumulación de deudas de las distribuidoras con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), el brazo del Estado encargado de comprar y vender energía.
Esta dinámica, arrastrada por diversas administraciones, creó un círculo vicioso: empresas con rentabilidad cuestionada por tarifas bajas, pero al mismo tiempo con deudas crecientes con el Estado. La promesa de "normalizar" el sector eléctrico siempre estuvo en agenda, pero las soluciones nunca llegaron a ser definitivas, empantanando la inversión necesaria y la calidad del servicio.
La norma de hoy: ¿Perdón o compensación?
La disposición publicada esta mañana es clara en su efecto. Por un lado, introduce una restricción en los subsidios al gas en las llamadas "zonas templadas", lo que implica un ajuste en la política de transferencia de recursos. Por el otro, y aquí radica el punto central, permite a las distribuidoras de energía compensar los ingresos que dejaron de percibir por el congelamiento de tarifas con las deudas que tienen con Cammesa. En la práctica, esto significa que una parte significativa de lo que las empresas le debían al Estado simplemente se anula, se “compensa”. El Estado deja de cobrar esas deudas y, a cambio, las empresas no reclaman por el lucro cesante de años de tarifas deprimidas.
Desde una perspectiva oficial, la medida podría argumentarse como una forma de sanear las finanzas de las empresas, preparándolas para futuras inversiones o para un esquema de tarifas más realista y sostenible, evitando la quiebra o el deterioro del servicio. Se busca poner fin a un litigio constante y a la incertidumbre financiera.
Las caras ocultas de la "solución": ¿Quién paga la factura?
Sin embargo, desde una mirada independiente, esta "solución" no está exenta de cuestionamientos y efectos colaterales.
En primer lugar, la pregunta obvia es: ¿quién asume el costo de estas deudas millonarias? Aunque se presente como una compensación, el dinero que las distribuidoras le debían a Cammesa es, en última instancia, dinero público o deuda pública que debía ser recuperada. Al anularse, se convierte en un costo que recae sobre el erario nacional y, por extensión, sobre todos los ciudadanos. Es plata que el Estado deja de tener disponible para otras áreas.
En segundo lugar, la transparencia del proceso. Las sumas involucradas son cuantiosas y la forma en que se estructura esta compensación, ¿es la más adecuada para garantizar la rendición de cuentas? ¿Se auditaron exhaustivamente las deudas y los ingresos no percibidos alegados por las empresas? La percepción pública de este tipo de maniobras suele ser la de un beneficio a las empresas privadas, sin una contrapartida clara en mejoras de servicio o tarifas más justas a corto plazo.
Finalmente, el precedente que sienta esta decisión. ¿Qué mensaje se envía a otras empresas concesionarias de servicios públicos que también puedan aducir desequilibrios contractuales o regulatorios? ¿Se perpetúa un modelo donde el riesgo empresario es asumido, en última instancia, por el Estado?
Hacia un futuro energético incierto
La medida llega en un momento de fuerte ajuste fiscal y negociaciones con organismos internacionales. Si bien puede liberar al Gobierno de una carga de litigios y pasivos heredados, su impacto en la credibilidad de la gestión económica y la percepción de equidad es innegable. Resta ver si esta maniobra de "borrón y cuenta nueva" es el preámbulo de una reforma estructural profunda y sostenible del sector energético o si, por el contrario, es un parche más que posterga las soluciones de fondo, dejando a la ciudadanía con la factura final de un sistema que aún no encuentra su equilibrio. La lupa de la sociedad deberá estar atenta a los próximos pasos del Gobierno y de las distribuidoras.